PARA MAYOR INFORMACIÓN Un Manual Sobre Derechos de Propiedad Intelectual y Biotecnología Agrícola

Por más de un siglo, los fitomejoradores en centros de investigación financiados por los gobiernos han encontrado variedades de cultivos con características que podrían ayudar a que los agricultores de escasos recursos en países en desarrollo para producir más alimentos. Ellos han reproducido y cruzado estas variedades cuidadosamente durante generaciones para conseguir una mezcla de características deseables. A un ritmo acelerado durante los años 60 y 70, el trabajo de estos mejoradores cambió al mundo en desarrollo-las variedades de más alta producción de trigo, arroz y otros alimentos básicos ayudaron a impedir una hambruna catastrófica en Asia-y su trabajo continúa mejorando las vidas y subsistencia de millones de personas. Actualmente, sin embargo, las críticas a la más novedosa de las herramientas disponibles para los investigadores agrícolas-la ingeniería genética-argumentan que el nuevo ambiente para investigación agrícola puede dejar atrás a los agricultores de países en desarrollo.

Mientras las instituciones públicas o internacionales alguna vez llevaron a cabo la mayoría de la investigación agrícola, actualmente las empresas privadas tienen el liderazgo en la aplicación de las herramientas de ingeniería genética a la agricultura. Cuando las corporaciones (y un número creciente de agencias públicas) desarrollan nuevos productos o procesos de biotecnología agrícola o nuevas variedades de cultivos, a menudo reclaman derechos legales sobre la propiedad intelectual que estas innovaciones representan. Muchos están preocupados de que los esfuerzos de las corporaciones para proteger sus ganancias aislarán a los países en desarrollo de los beneficios de importantes innovaciones, bloqueando en el acceso de los investigadores independientes a los nuevos desarrollos.

Las corporaciones concentran sus esfuerzos de investigación sobre cultivos como híbridos de maíz, soya, canola, algodón y algunas hortalizas especiales, cultivadas para mercados con alto valor comercial. El rango de cultivos y problemas de producción bien podría expandirse, pero, como en el área de la salud, la investigación privada es apenas un complemento, y no puede reemplazar la continuada investigación pública y sin ánimo de lucro. Además, el desarrollo de un vasto número de cultivos críticos para la seguridad alimentaria en los países en desarrollo (tales como yuca, batatas, ñames, sorgo, millo), tanto como los cultivos tradicionales para el mundo desarrollado (como arroz, trigo y maíz), deberían contar con las instituciones públicas y sin ánimo de lucro como la principal fuente de innovación genética. En las economías desarrolladas, estas instituciones pueden progresivamente encontrar que su acceso a nuevas líneas de investigación esenciales sea incierto, indebidamente costoso, e incluso bloqueado totalmente. Este acceso limitado a la propiedad intelectual es una molestia e ineficiencia en los países desarrollados, pero actualmente no es una amenaza seria para el bienestar de sus ciudadanos.

Para la gente pobre en los países menos desarrollados, el acceso a la nueva biotecnología podría ser mucho mas crítico. Su sustento depende de los cultivos que están por fuera del enfoque del sector privado de la investigación, y que tienen un futuro comercial modesto. Adicionalmente, los productores de escasos recursos a menudo enfrentan problemas de producción diferentes a los de agricultores comerciales en países ricos. Recientemente ha habido casos célebres de "donaciones" de "propiedad intelectual" hechas por grandes corporaciones internacionales a países en desarrollo, basadas en ciertos cultivos no-comerciales. Mientras esto hace resaltar la utilidad potencial de la biotecnología, ha reforzado la impresión de que estos países carecen de acceso a tecnologías modernas. Un vistazo cercano a las realidades legales y económicas que enfrentan los investigadores agrícolas en países en desarrollo revela que estas preocupaciones son válidas a largo plazo pero altamente exageradas como una amenaza inmediata, desviando así la atención lejos de problemas más importantes.

LOS DERECHOS A LA INVESTIGACIÓN

La principal razón política y pública para los derechos de propiedad intelectual (IPR de sus siglas en inglés) es que ellos proveen incentivos directos socialmente benéficos para innovar, igual que facilitan innovación adicional por obligar la diseminación pública de la tecnología patentada. Cuando los individuos u organizaciones saben que una protección legal les permitirá recuperar sus inversiones en investigación, tienen un incentivo fuerte para perseguir tales innovaciones. Los países con fuertes tradiciones de innovación tienen largas historias de IPR-el Reino Unido otorgó su primera patente en 1449, y la autoridad para el sistema de patentes en los Estados Unidos está enaltecida en la constitución de ese país ratificada en 1788. En ausencia de protección, las nuevas ideas e información descubiertas son enteramente del domino público, e intentos de los innovadores por recuperar su inversión o beneficiarse comercialmente de una innovación pueden fallar debido a la imitación. Conociendo esto, los inventores prospectivos pueden invertir fondos insuficientes en la investigación y el desarrollo, o los inventores pueden explotar sus inventos en secreto. Adicionalmente, mediante la clarificación de los derechos a las nuevas ideas, los derechos de propiedad intelectual ayudan a reducir los costos que de otra forma se requerirían para determinar la propiedad de los derechos.

Un importante, pero quizá menospreciado aspecto de la mayoría de los sistemas de derechos de propiedad intelectual es el requerimiento de que los inventores e investigadores que desean estos derechos deben diseminar el nuevo conocimiento que han obtenido. Como las nuevas ideas son diseminadas mediante publicación, otorgamiento de licencias u otros medios tradicionales, esta información estimula tandas adicionales de innovación y avances tecnológicos. Inherente a la protección intelectual existe una tensión entre la meta de proveer incentivos para la innovación y la meta de permitir a los innovadores construir a partir del trabajo de los demás. Mientras más amplio el monopolio de los derechos conferidos, mayor es la amenaza potencial para la libertad de operar-la capacidad para practicar o usar una innovación. Los propietarios de una tecnología pueden estar opuestos a compartirla o dar licencias o bien dispuestos solamente después de costosas negociaciones, dificultando así que otros obtengan herramientas esenciales para avanzar en sus propias investigaciones. Además, los propietarios de una tecnología pueden litigar contra infractores supuestos. Entonces, en la práctica, aquellos que esperan utilizar una tecnología protegida deben pesar el riesgo de la litigación contra los costos de obtener licencias.

Para complicar la situación aun más, los métodos modernos utilizados para el desarrollo de nuevas variedades de cultivo dependen de un amplio rango de conjuntos de innovaciones, los derechos para los cuales pueden ser mantenidos por muchas partes competidoras-siendo estos derechos de patente o derechos de uso asignado vía contratos comerciales o licencias. Seguramente, el número de derechos diferentes necesarios para producir una innovación intensificarán mientras las patentes de biotecnologías lleguen a ser más importantes. Si la propiedad de estos derechos es difusa e incierta, puede ser difícil e incluso imposible para usuarios potenciales el negociar con todas las partes correspondientes.

Sin embargo, los investigadores agrícolas en muchos países en desarrollo son más libres de lo que uno podría pensar para hacer uso de innovaciones protegidas en los países desarrollados. Esto se debe a que no existe algo como un "derecho internacional de patente." Una patente u otro derecho de propiedad intelectual concedido en los Estados Unidos, por ejemplo, no le confiere derechos de propiedad a priori en el resto del mundo. Las patentes y otros derechos de propiedad son concedidos por gobiernos nacionales, y la protección conferida se extiende solamente tan lejos como los límites geográficos del país en el cual los derechos fueron concedidos. Así, para obtener la protección de patente en varios países, los innovadores deben aplicar y ganar los derechos en cada uno de ellos. Cualquiera es libre de hacer, usar o vender cualquier tipo de tecnología o conocimiento disponible para cultivos en países donde dicha tecnología no es sujeto de protección intelectual, sin importar si el cultivo es destinado para subsistencia o para uso comercial o si la tecnología está protegida en otra parte.

El grado de libertad para operar en los países menos desarrollados no se entiende bien. Por ejemplo, la reciente innovación del arroz con vitamina A ("arroz dorado"), supuestamente exige permiso para practicar más de 70 derechos de patente. Las bien publicitadas donaciones por parte de importantes corporaciones de sus propiedades intelectuales con respecto al arroz con vitamina A dejaron una fuerte impresión de que el cumplimiento de un gran número de derechos de cruciales patente estuvo siendo condonada a favor de los pobres en países en desarrollo. De hecho, en algunos de los principales países consumidores de arroz, no hay patentes relevantes válidas, y en la mayoría, hay muy pocas. Similarmente, las bien-publicitadas donaciones de tecnología de resistencia a los virus para algunas variedades no-comerciales de papas en México y para batatas en África aparentemente no involucran ninguna patente relevante en los países destinatarios. Finalmente, un estudio mencionó un uso considerable de propiedad intelectual protegida por los centros del Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional, en muchos casos sin autorización formal de los dueños de patentes. Pero no se hizo distinción entre las patentes válidas en los países en desarrollo y aquellas válidas en los países hospederos de los centros.

Aunque no existe una patente internacional, los tratados internacionales y las organizaciones sí jugarán un papel importante en los derechos de propiedad intelectual: ellos hacen más fácil extender protección a múltiples países y proveen un conjunto mínimo y uniforme de leyes y estándares que aplican para todos los países suscritos. Cada vez más, los innovadores en países en desarrollo están solicitando los derechos de propiedad en los países desarrollados y viceversa. Actualmente, sin embargo, en las áreas de la agricultura y la biotecnología agrícola, el tipo y alcance de protección varía ampliamente de país a país, especialmente entre países desarrollados y aquellos en vía de desarrollo. Esta variación hace más difícil medir si hay libertad para operar a un nivel internacional.

CÓMO LOS PATRONES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO AFECTAN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los agricultores en los países en desarrollo tienen la libertad de producir cultivos siempre y cuando los insumos y procesos usados y las variedades cultivadas no estén protegidos bajo las leyes locales de propiedad intelectual. Pero estos cultivos no pueden ser exportados legalmente a países donde caen bajo leyes de protección de propiedad intelectual. En tales casos, el importador mas no el agricultor, puede estar infringiendo los derechos de propiedad intelectual.

Un estudio reciente del IFPRI consideró los datos de la producción y comercialización para 15 de los cultivos más importantes para las agencias de investigación que operan en economías en desarrollo: arroz, trigo, maíz, soya, yuca, coco, cacahuete, banano, fríjoles, papa, sorgo, lentejas, millo, cebada y garbanzos. Como un grupo, los países en desarrollo produjeron en promedio más del 65 por ciento de la producción mundial de sorgo, frijoles y lentejas entre 1994 a 1998. Para los demás cultivos considerados, produjeron más del 90 por ciento de la producción mundial (y para muchos de estos cultivos, más del 98 por ciento).

La mayoría de estos cultivos nunca fueron negociados a través de fronteras internacionales. De los 15 cultivos, soya, coco, banano, lentejas y fríjoles son los únicos para los cuales más del 10 por ciento de la producción del país en desarrollo se exporta. Sólo dos cultivos (soya y banano), representan el 64 por ciento del valor de los cultivos de exportación de los países en vía de desarrollo hacia los países desarrollados, y sólo cuatro países (Argentina, Brasil, Costa Rica y Ecuador), suman el 42 por ciento de tal comercio para estos dos cultivos. Cuando las exportaciones de arroz hacia los países desarrollados (la mayoría desde Tailandia) y cocos (la mayoría desde las Filipinas) son adicionadas a las exportaciones de soya y banano, estos cuatro cultivos suman el 80 por ciento del total de las exportaciones desde los países en desarrollo hacia los países desarrollados. De estos cuatro cultivos, solamente el arroz y el coco son alimentos básicos en los países que los exportan. (Los bananos que se comercian son de postre; el plátano es de consumo interno casi exclusivamente.)

La libertad para operar depende de circunstancias específicas. Una investigación de los derechos de propiedad intelectual asignados a las tecnologías clave usadas para transformar cultivos reveló que estos derechos se encuentran principalmente retenidos en, y son por consiguiente primariamente pertinentes para, las jurisdicciones de países ricos. Así, para la mayoría de los cultivos importantes para la seguridad alimentaria en países pobres, la libertad de los investigadores no está impedida. Mucha de la tecnología necesaria no se encuentra obstaculizada por derechos de propiedad intelectual en los países en desarrollo y poco de la producción de estos países se exporta a las jurisdicciones de los países desarrollados donde los derechos de propiedad intelectual pueden prevalecer. Esto no significa, sin embargo, que la libertad para funcionar no representa un problema para la investigación sobre cultivos de exportación tales como hortalizas, café, chocolate o bananos.

ENFOCÁNDOSE EN LOS PROBLEMAS REALES

Existe una inquietud frecuentemente equivocada que las patentes y otras formas de propiedad intelectual están limitando severamente en la actualidad la libertad para trabajar en los países en vía de desarrollo. Esto hace que se esté desviando la atención de los investigadores agrícolas que trabajan con cultivos de alimentación básica desde problemas más críticos.

Durante la década del 90, el crecimiento en la inversión en investigación agrícola, en y para los países en desarrollo, se estancó. Para algunas regiones como África incluso empezó a disminuir. Además, muchos países en vía de desarrollo carecen de las destrezas científicas para acceder al conjunto de modernas biotecnologías que avanzan rápidamente, ya sea que estén protegidas por patentes o no. De hecho, la mayoría no están protegidas en estos países en desarrollo. La falta de inversión en el desarrollo de una experticia local necesaria para evaluar, acceder y regular las nuevas tecnologías es actualmente un obstáculo más grande que la libertad para investigar.

Avanzando en el Siglo XXI, el panorama de la propiedad intelectual será alterado por el acuerdo de "propiedad intelectual relacionada con el comercio" (TRIP, por sus siglas en inglés), el cual introdujo unos requisitos mínimos para los derechos de propiedad intelectual de nuevas tecnología a los cuales todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio deben respetar. En la medida en que los países en vía de desarrollo cumplan con los requisitos de propiedad intelectual del acuerdo TRIP, la puesta en marcha de estos requerimientos-tanto en los mercados internos como para la exportación-afectarán la libertad de los investigadores para trabajar en tecnologías futuras de investigación y desarrollo. El TRIP requiere que los países miembros permitan patentes para las invenciones, pero con ciertas excepciones. La naturaleza precisa de estas excepciones aun tiene que ser resuelta. No se requiere que los miembros permitan que las plantas sean patentadas, pero deben proteger variedades de plantas, ya sea a través de patentes o un sistema particular (tal como los derechos de fitomejoradores), o una combinación de ambos sistemas.

La concepción errada de que los derechos de propiedad intelectual actualmente están impidiendo la libertad de investigación para los mejoradores de plantas de consumo básico en países en desarrollo también amenaza la efectividad de esos países para negociar el acceso a los resultados científicos de corporaciones privadas. Hacia mediados de los años 90, un poco más de la mitad de los 21 mil millones de dólares americanos estimados (precios de 1993) de investigación y desarrollo agrícola en países ricos fue realizada por compañías privadas. Mucho del conocimiento y las infraestructuras utilizadas para mejorar variedades de cultivos ahora permanecen en estas corporaciones. Apenas ahora se están iniciando convenios institucionales para facilitar alianzas entre los sectores públicos y privados en la investigación y desarrollo agrícola. Estos convenios podrían ayudar a facilitar el intercambio de experticia, junto con los productos y los procesos para hacer los mejoramientos y, tal vez, ayudar a dirigir algunas investigaciones privadas hacia los cultivos de las personas pobres. Muchos de estos convenios entre los sectores públicos y privados involucran instituciones de países ricos y están aún muy incipientes en lo relacionado con la investigación dirigida hacia las partes más pobres de la agricultura en países en desarrollo. Sobrepasar la división entre los sectores público y privado puede tener unas profundas consecuencias en el desarrollo a largo plazo, pero les conviene a todas las partes tener una percepción apropiada de su grado de libertad actual para, efectivamente, hacer uso de la propiedad intelectual en nombre de los pobres del mundo.

Philip G. Pardy es Investigador Titular en la División de Tecnologías de Producción y del Ambiente, del IFPRI. Brian D. Wright es profesor en el Departamento de Economía Agrícola y de Recursos, Universidad de California, Berkeley. Carol Nottenburg es directora de la propiedad intelectual en el Centro para la Aplicación de la Biología Molecular a la Agricultura Internacional, Canberra, Australia.